La
empresa estadounidense de servicios de internet Google ha introducido
desde hoy en Europa un formulario que permite a los usuarios solicitar
la retirada de datos personales almacenados que en su opinión ya no son
relevantes.
Esta medida responde a una sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 13 de mayo
reconoció el derecho de los ciudadanos a ser "olvidados" en internet, es
decir, a poder reclamar a Google y otros buscadores que retiren los
enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.
En una entrevista con el Financial
Times, el consejero delegado de Google, Larry Page, advierte de que la
nueva directriz de privacidad de la UE perjudicará la innovación, pues
las empresas que empiezan no podrán hacer frente a esos requisitos
administrativos.
"Nosotros somos una compañía grande y
podemos responder a este tipo de preocupaciones e invertir dinero en
ellas y resolverlas, para nosotros, no es un problema", afirma.
"Pero en conjunto, al regular internet, creo que no vamos a ver el nivel de innovación que hemos visto hasta ahora", aseveró.
Según Page, la nueva complejidad
regulatoria en la UE hubiera perjudicado a Google cuando eran solamente
"tres personas en un garaje".
Además, reflexiona el estadounidense, el
nuevo marco regulatorio sobre privacidad alentará a la censura a
regímenes opresivos y reaccionarios.
"Será empleado por otros gobiernos que
no son tan adelantados y progresistas como Europa para hacer cosas
negativas", afirma en la entrevista, donde lamenta no haber participado
más en el debate en la UE sobre la protección de datos personales.
"Ahora estamos intentando ser más
europeos y pensar en ello desde un contexto más europeo", explica sobre
su nuevo enfoque, y añade: "Vamos a pasar una cantidad significativa de
tiempo en Europa hablando".
Con el nuevo formulario en línea, los
ciudadanos europeos podrán reclamar a Google que retire datos personales
suyos almacenados que han quedado obsoletos, de forma que no aparezcan
en las búsquedas.
Los solicitantes deben demostrar su
identidad y aportar enlaces a la información que quieren que
desaparezca, mientras que la compañía efectuará controles para verificar
que no existe un interés general para mantener los datos en sus
archivos, como en el caso de políticos envueltos en escándalos o casos
de corrupción.
Según el Financial Times, Google también
dará a conocer hoy una comisión formada, además de intelectuales y
expertos en regulación europea, por el presidente Eric Schmidt, el
abogado David Drummond y el jefe de Wikipedia, Jimmy Wales, que evaluará
las peticiones y supervisará las obligaciones de la empresa en cuanto a
la privacidad.
La sentencia del TJUE marcó un antes y un después en la aún poco desarrollada jurisprudencia comunitaria relativa a internet.
La disputa surgió a raíz de la petición
del español Mario Costeja González, quien constató que al introducir su
nombre en el buscador aparecían dos anuncios sobre una subasta de
inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad
Social sucedido diez años antes y ya resuelto.
