jueves, 27 de marzo de 2014

NO HAY DEMOCRACIA SIN UN VERDADERO PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE.

Basta ver la actuacion del Tribunal Constitucional estos años,  que se ha rematado  con su ilustre Presidente, militante del PP, y que se ha prodigado en declaraciones anteriores claramente ideologicias que le tenia que inhabilitar para ejercer su labor con independecia.
 
Pero el sistema esta  viciado desde arriba y desde abajo.

Asi se ha formado la La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que reúne a jueces, fiscales, abogados, catedráticos, notarios y otros juristas, ha denunciado ante la ONU la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su "fuerte politización", así como la falta de recursos que el Gobierno proporciona a los tribunales para investigar la corrupción.

El grupo de juristas ha llevado a Naciones Unidas el polémico modelo instaurado en el órgano de gobierno de los jueces y el "bochornoso espectáculo" que experimentó la elección de sus vocales. A su entender, el sistema afecta a la independencia judicial y al principio de separación de poderes.
Además, ha informado de la "alta tasa de litigiosidad" registrada en la Justicia española, "inmersa en infinidad de causas por corrupción que afectan a grupos políticos, sindicatos, entidades financieras y grandes empresas".
En su opinión, esta insuficiencia de recursos genera "sensación de impunidad" y hace imposible fijar la fecha de juicio en un plazo razonable. "Casi todos los jueces que investigan casos de corrupción han sido denunciados o sometidos a una inspección", ha añadido.
La denuncia,  ha trasladado a la ONU la preocupación por la "dependencia política" del fiscal general del Estado y la "fuerte" dependencia jerárquica de los representantes del Ministerio Público.
Con todo, el escrito se ha centrado en el nuevo modelo del Consejo del Poder Judicial, recordando cómo el Partido Popular incumplió su propia promesa electoral, "defraudando" a los electores y chocando contra el espíritu de la Constitución y el mandato del Tribunal Constitucional.
Ha censurado la intervención "directa e impropia" de los dos grandes partidos en la elección de los consejeros, quienes, en su inmensa mayoría, tienen "vínculos directos e indirectos" con el poder legislativo y ejecutivo. En este sentido, ha criticado que ningún vocal judicial pertenece a la categoría de juez y además se desconocen las cualidades de los juristas de reconocido prestigio.
Dicho esto, ha expuesto que el presidente del CGPJ fue "preseleccionado e impuesto de antemano" por los dos principales partidos, sin necesidad de competir en una amplia terna de candidatos ni que fuera valorada su idoneidad.
"Es una persona de confianza del Gobierno, ha prestado ocho años cargos de confianza para el partido que finalmete lo ha elegido y pone en entredicho la imagen de independencia e imparcialidad de la Justicia española en un momento en el que deben juzgarse importantes casos de corrupción del partido que sustenga al Gobierno y a la oposición", ha agregado.
Asimismo, ha advertido de los conflictos de intereses que puede generar la compatibilidad de los vocales con el ejercicio de su profesión o la función jurisdiccional y ha puesto en evidencia que centenares de cargos judiciales son designados discrecionalmente, como miembros y presidentes de Sala del Tribunal Supremo, de tribunales regionales y de la Audiencia Nacional.
"Junto al 'revolving door' --puertas giratorias-- están propiciando una fractura de la Carrera Judicial. La Carrera está dividida por una línea horizontal imaginaria, pero perceptible, que funciona como un techo de cristal, entre los de arriba y los de abajo, originando insatisfacción y desmotivación en los jueces que se ven relegados de alcanzar puestos más altos por más que sea su dedicación y empeño en el recto ejercicio de sus funciones jurisdiccionales",
"Cuanto más arriba se esté, menor carga de trabajo, menor presión inspectora y mejores condiciones de trabajo, con mayores retribuciones y ayudas, planes de refuerzo, asistentes, letrados, etc", expone para concluir que la independencia del órgano de gobierno de los jueces no deja de ser un "disfraz".

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