Muchas veces hemos
señalado que la aplicacion estricta de las normas nos puede llegar al
absurdo, a una verdadera situacion kafkiana en que la defensa de la
norma da un resultado absurdo.
Si
ya lo sabe, si no cumple las ordenes ilegales de su superior esta
despedido, y si las cumple tambien porque ha participado en la actividad
ilegal, solucion salvese quien puede.
La Sentencia cuenta con dos votos particulares pero no deja de
producir sorpresa.
La
Sala de lo Social del TSJ Murcia ha hecho pública una sentencia, de
fecha 19 de diciembre de 2013 (R.º número 443/2013), por la que confirma
la validez del despido de un trabajador que, en contra de las órdenes
de la dirección, pero con la anuencia de su gerente directo, vendió
materiales de la empresa almacén a clientes sin cobrar el I.V.A.
Los hechos
Según
los hechos probados, el trabajador sancionado cometió irregularidades
en la facturación a clientes, falseando albaranes, facturas y otros
documentos emitidos por el almacén en el que prestaba servicios,
facturando y cobrando al contado, sin incluir el IVA.
Para
ocultar tal irregular actuación, se emitían facturas falsas, incluyendo
en las mismas los productos que anteriormente se habían cobrado al
contado a otros clientes sin incluir el IVA, por lo que tales clientes
no figuran en los datos
de facturación de la empresa, con cuyo proceder se impedía que la
empresa conociera tales irregularidades, ascendiendo a un total de
256.631,08 € los montantes de artículos facturados que no se
corresponden con la realidad.
Dichas operaciones se realizaban
por el actor, por el jefe de taller y por el de administración,
siguiendo instrucciones del gerente del centro de trabajo
Por
los hechos indicados fueron despedidos, además del demandante, el
gerente y el jefe de taller, y ha sido sancionado con suspensión de
empleo y sueldo el jefe de administración, además de dos trabajadoras
administrativas del taller
El Juzgado de lo Social declaró la improcedencia del despido del trabajador, por lo que la empresa recurrió esta decisión.
La sentencia del TSJ Murcia
El TSJ Murcia estima el recurso de la empresa y declara la procedencia del despido.
Los
principales argumentos
de la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado señor Jiménez
Fernández, se contienen en su fundamento de derecho tercero, que es del
siguiente tenor:
"TERCERO.-El
incumplimiento contractual grave que, como causa de despido
disciplinario, contempla el artículo 54.2 d), por trasgresión de la
buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo,
adolece de una muy amplia o genérica definición, pero en general se
encuentra conectado al incumplimiento del deber de diligencia que es
exigible a los trabajadores, en especial a aquellos con especiales
niveles de responsabilidad y confianza, como es el caso del actor que
ocupaba un puesto de trabajo que reúne tales características, al
tratarse de un mando intermedio, situado inmediatamente bajo el puesto
de gerente con singulares obligaciones en materia de control y
supervisión de las actividades que se llevaban a cabo en la sesión de
Almacén o Recambios.
El incumplimiento
consciente y voluntario de las obligaciones inherentes a su puesto de
trabajo, que se manifiesta por el cobro de cantidades en efectivo sin
elaboración de factura y sin exigir el pago del IVA, por la entrega de
las sumas en metálico obtenidas por tal procedimiento a un tercero, con
el fin de obtener su reintegro a la empresa mediante una elaboración y
cobro de facturas falsas, constituyen un manifiesto incumplimiento de
sus obligaciones, encuadrable en el concepto de trasgresión de la buena
fe contractual, aunque el actor no obtuviera un beneficio directo lucrándose
con las sumas recaudadas, pues tal practica, contraria a las
instrucciones de la empresa, podría provocar a esta consecuencias
patrimoniales muy graves, vinculadas a la colaboración en la
defraudación del IVA.
El hecho de que tales practicas estuvieran propiciadas y consentidas por el gerente, ocultando las mismas a la dirección de la empresa, no puede determinar una menor intensidad de la infracción, pues de algún modo el actor se convertía en colaborador en las practicas irregulares que pudiera haber instaurado el gerente, en contra de los interés de la empresa, pues el actor debería de haber puesto tales practicas en conocimiento de la dirección de la empresa. Tanto en la conducta del actor como en la del gerente existe una ocultación de las practicas irregulares descritas a la dirección de la empresa, determinando la perdida de la confianza de esta, de modo que no cabe, en este caso, estimar una menor gravedad de la infracción, de conformidad con la reiterada doctrina jurisprudencial que viene estableciendo que la perdida de confianza no admite graduación.
Es así mismo rechazable el argumento de que tales practicas irregulares pudieran ser conocidas y consentidas por la empresa, pues no existe prueba alguna al respecto y ello se contrapone con la reacción de la misma cuando tiene conocimiento de tales irregularidades.
El gerente de la base de Cartagena ha sido despedido por los mismos hechos, así como el jefe de taller y no puede dar lugar a la degradación de la intensidad de la infracción cometida por el actor el hecho de que otro trabajador haya sido sancionado con un castigo menor, pues no consta que la empresa haya incurrido en desigualdad al sancionar los hechos, dado que no consta la identidad en cuanto a los incumplimientos en los que haya podido incurrir los trabajadores castigados con sanciones inferiores a los que genéricamente alude la sentencia recurrida, ni si su posición era igual o inferior a la del actor y al existir constancia de que los mismos hubieran llevado a cabo el mismo tipo de omisiones y falsificaciones.
Por lo expuesto, la sentencia recurrida, en cuanto no estima que el actor haya incurrido en el grave incumplimiento contractual que contempla el artículo 54.2d) del ET , vulnera el citado precepto, así como los artículos 52 y 53 del Convenio Colectivo de la empresa que contemplan el mismo incumplimiento como falta muy grave susceptible de la sanción de despido.
Procede, en consecuencia, la estimación del recurso y revocar la sentencia recurrida, para, en su lugar, dictar otra desestimatoria de la demanda que declare la procedencia del despido, con las consecuencias previstas en el artículo 55.7 del ET."
El hecho de que tales practicas estuvieran propiciadas y consentidas por el gerente, ocultando las mismas a la dirección de la empresa, no puede determinar una menor intensidad de la infracción, pues de algún modo el actor se convertía en colaborador en las practicas irregulares que pudiera haber instaurado el gerente, en contra de los interés de la empresa, pues el actor debería de haber puesto tales practicas en conocimiento de la dirección de la empresa. Tanto en la conducta del actor como en la del gerente existe una ocultación de las practicas irregulares descritas a la dirección de la empresa, determinando la perdida de la confianza de esta, de modo que no cabe, en este caso, estimar una menor gravedad de la infracción, de conformidad con la reiterada doctrina jurisprudencial que viene estableciendo que la perdida de confianza no admite graduación.
Es así mismo rechazable el argumento de que tales practicas irregulares pudieran ser conocidas y consentidas por la empresa, pues no existe prueba alguna al respecto y ello se contrapone con la reacción de la misma cuando tiene conocimiento de tales irregularidades.
El gerente de la base de Cartagena ha sido despedido por los mismos hechos, así como el jefe de taller y no puede dar lugar a la degradación de la intensidad de la infracción cometida por el actor el hecho de que otro trabajador haya sido sancionado con un castigo menor, pues no consta que la empresa haya incurrido en desigualdad al sancionar los hechos, dado que no consta la identidad en cuanto a los incumplimientos en los que haya podido incurrir los trabajadores castigados con sanciones inferiores a los que genéricamente alude la sentencia recurrida, ni si su posición era igual o inferior a la del actor y al existir constancia de que los mismos hubieran llevado a cabo el mismo tipo de omisiones y falsificaciones.
Por lo expuesto, la sentencia recurrida, en cuanto no estima que el actor haya incurrido en el grave incumplimiento contractual que contempla el artículo 54.2d) del ET , vulnera el citado precepto, así como los artículos 52 y 53 del Convenio Colectivo de la empresa que contemplan el mismo incumplimiento como falta muy grave susceptible de la sanción de despido.
Procede, en consecuencia, la estimación del recurso y revocar la sentencia recurrida, para, en su lugar, dictar otra desestimatoria de la demanda que declare la procedencia del despido, con las consecuencias previstas en el artículo 55.7 del ET."
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